El sindicato CSIF impulsará una proposición de ley para garantizar que el salario de los empleados públicos suba cada año con la inflación y dejen de ser “rehenes” de la voluntad de cada Gobierno.
Durante una rueda de prensa, el secretario de acción sindical de CSIF, Francisco Lama, ha explicado que el sindicato moverá entre los grupos parlamentarios esta proposición para que se garantice como mínimo una subida anual de acuerdo con la evolución del IPC, como ocurre, por ejemplo, con las pensiones.
Lama ha añadido que esta subida mínima luego se debería mejorar en la negociación para ir recuperando una pérdida de poder adquisitivo acumulada que el sindicato cifra en el 21,95 %.
Los empleados públicos, ha lamentado, están “siendo rehenes” de la voluntad del Gobierno de presentar unos Presupuestos Generales del Estado.
Además de la subida pendiente del 0,5 % del año pasado, ha recordado Lama, el Gobierno aún no ha abierto la negociación para los incrementos salariales de este año y los siguientes.
“Hay un grave desinterés del Gobierno, los empleados públicos no entran en sus prioridades”, ha denunciado en el mismo acto el presidente para la Administración General del Estado (AGE) de CSIF, Carlos Martínez
El sindicato de funcionarios CSIF ha denunciado hoy que el Gobierno prepara la Oferta de Empleo Público 2025, preguntando a los distintos ministerios y administraciones por sus necesidades de personal pero manteniendo el límite de creación de nuevas plazas con la tasa de reposición. El Ejecutivo se ha comprometido en varias ocasiones, ha recordado el sindicato, a eliminar este año esta barrera para la contratación más allá de las plazas que quedan vacías por bajas o jubilaciones del año anterior.
Esta tasa de reposición ha provocado una pérdida neta de 20.646 empleos en la Administración, según datos facilitados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y comunicados por CSIF.
El mantenimiento de esta tasa obligará a las diferentes administraciones a contratar personal interino, explicó Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CSIF, incumpliendo la ley de Estabilidad, que obliga a mantener la temporalidad en el 8%. La temporalidad en la administración está estancada en el 30%, muy por encima de la legalidad.
Al mismo tiempo, CSIF ha informado, en un encuentro con la prensa, de la reforma que el ministerio prepara para la Administración. En ella, se pretende clasificar a la plantilla en áreas funcionales, frente a la tradicional organización por departamentos y organismos. “Se va a realizar una gran reforma de la Administración General del Estado como se entiende actualmente porque se va a clasificar a las personas por el trabajo que realizan. Será un análisis gradual y funcional de los puestos, para ver dónde quedan encuadrados en función de los procesos, las actividades y quienes lo realizan, en busca de definir los puestos tipo y las competencias que se necesitan para cubrirlos, así como sus condiciones económicas”, explicó Carlos Martínez, presidente del sector de la Administración General del Estado.
Martínez instó a hacer esta nueva definición “entre todos” porque va a afectar a “las evaluaciones de desempeño, la movilidad y la carrera profesional”, aseguró. “Es el momento de abordar la equiparación de las condiciones salariales, entre las administraciones del estado, autonómica y local. No hay ninguna razón para no hacerlo cuando se vean los puestos que realizan las mismas funciones” cuando hay una diferencia del 30% en algunos casos, señalaron.
