El Gobierno ha sacado del cajón la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)que propone la regularización de unos 500.000 inmigrantes y que llevaba un año enredada en el Congreso. Ahora urge subsanar los errores del reglamento de Extranjería que entró en vigor ayer y que puede dejar en un limbo legal a miles de inmigrantes que solicitaron asilo, según estimaciones del propio Ejecutivo asciende a más de 200.000 personas.
Un grupo de personas migrantes protestan frente las instalaciones de un centro de acogida en Santa Cruz de Tenerife.
Un hecho que evidencia que algo se ha hecho mal en el reglamento elaborado por el Ministerio de Migraciones y que algunas oenegés han llevado al Tribunal Supremo por la indefensión en la que deja a muchos migrados que llevan años viviendo en España y que no podrán disponer de permisos de trabajo ni de residencia. La situación puede conducir a miles de inmigrantes a una peligrosa irregularidad difícil de resolver. De ahí que el Gobierno, aduciendo necesidades económicas y empresariales, haya decidido desempolvar la ILP que se aprobó el año pasado en el Congreso con el visto bueno de todos los grupos, a excepción de Vox.
La Conferencia Episcopal ha pedido a los partidos “un gesto valiente y positivo”
Esta no es la primera vez que España llega a cabo regularizaciones extraordinarias de inmigrantes. La primera fue impulsada en 1986 por Felipe González. Desde entonces se han producido cinco más, siendo las más significativas las tres que se aprobaron durante la etapa de José María Aznar. La ultima fue en 2005 con José Luis Rodríguez Zapatero. Pero entonces ni Vox ni Aliança Catalana con un claro discurso xenófobo, tenían representación en las instituciones.
Ahora la inmigración es uno de los principales temas de discusión de la agenda política y el sexto problema para los españoles, según el último CIS. El reparto de los menores migrantes de Canarias, Ceuta y Melilla fue motivo de ruptura de los gobiernos autonómicos de coalición entre PP y Vox. Las comunidades gobernadas por el PP han llevado esta medida al Tribunal Constitucional y Junts ha pactado con el PSOE las transferencias de las competencias de inmigración para que sea Catalunya quien las gestione.
El PP ya ha advertido que no dará un “cheque en blanco al Gobierno”, pero no lo tiene fácil para rechazar la iniciativa. La ILP fue presentada por 700 organizaciones sociales con mucha transversalidad y presencia de algunas asociaciones católicas. Cuenta con el apoyo de la Conferencia Episcopal que ha pedido un “gesto valiente y positivo” a los partidos para que se apruebe la regularización de personas que “viven en tierra de nadie”. Quizás sea el momento de llegar de un acuerdo político entre PP y PSOE sobre inmigración que no condene a la exclusión social a miles de personas.
